Nuestro país ha visto durante los últimos años cambios significativos respecto al andamiaje del campo jurídico, cuestión que ha sido favorecida debido al impulso legislativo y modernizador acaecido en el Sistema Judicial post Dictadura Militar en Chile.
Tal proceso en aras de la Reforma Procesal Penal que comienza a operar secuencialmente desde diciembre del año 2000, y por sobre todo, con la incorporación y vigencia de la nueva Ley de Familia desde octubre del año 2005, integra con mayor realce en la escena jurídica a profesionales Trabajadores Sociales en funciones de Consejería Técnica en los Tribunales de Familias y como Peritos Sociales tanto de carácter público (en programas colaboradores y acreditados de la red Sename) como de carácter privado en el ejercicio libre de la profesión, lo que contempla cambios estructurales y de adecuación frente a la antigua forma de hacer justicia en nuestro país, cuya vigencia, con mínimas variaciones, databa desde fines del siglo XIX, razón suficiente para instaurar dichas Reformas, confiriendo mayor importancia y haciendo copartícipes a los distintos actores legales; destacando quienes aplican las leyes, quienes, como los Trabajadores Sociales, asesoran a los Jueces o colaboran en el proceso de investigación pericial sobre asuntos sociojurídicos y, finalmente, la sociedad civil, quienes por solicitud propia o mediante dictamen ingresan al sistema judicial.
Ahora bien, en este devenir existieron factores entroncados en la raíz misma de la antigua legislación Penal y de Familia, que debido a cambios societales, históricos, políticos y judiciales, arribaron a su reconfiguración, significando para algunos un cambio “paradigmático” cuyos efectos colaterales inmediatos impactaron por una parte en la articulación de un campo incipiente de desarrollo disciplinar en el Trabajo Social, hablamos del Peritaje Social, el que paulatinamente ha ido ganando espacio en esta nueva lógica en que se dicta justicia, como también en las innovaciones en cuanto a los aportes económicos asignados, la creación de nuevos y más calificados cargos dentro del sistema y la modificación en la infraestructura utilizada. Con la incorporación progresiva del Peritaje Social en el aparato jurídico como figura profesional, vemos como la disciplina tiene no solo la responsabilidad de reinventarse, sino que también de avanzar y extenderse a nuevos campos de actuación profesional.
